Quintero pone en peligro la institucionalidad de Antioquia

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La supuesta intención de Quintero de recuperar la plata perdida en Hidroituango, se fue por el sumidero ante el enorme riesgo reputacional y financiero causado por el oleaje de sus desafueros con EPM.

Por: Saúl Hernández Bolivar

El factor diferenciador por el que Medellín siempre ha sido la mejor ciudad de Colombia acaba de cumplir 65 años y es las Empresas Públicas de Medellín (EPM). A diferencia del resto del país, y de otros de similar desarrollo, los habitantes de esta ciudad no sabemos muy bien lo que es carecer de agua, luz, telefonía, gas y otros servicios domiciliarios porque siempre están ahí al abrir el grifo, oprimir el suiche, alzar la bocina o encender la estufa. Y porque cuando un tubo se rompe o un poste se cae, las cuadrillas de EPM reparan el daño con la presteza de bomberos que corren a apagar un fuego. Pero, su eficiencia no lo es todo: gran parte de sus cuantiosas ganancias van al presupuesto de la ciudad, para el desarrollo de obras y programas que casi siempre benefician a los más necesitados.

Eso no quiere decir, sin embargo, que las EPM sean el único eje sobre el que se ha soportado el bienestar de la ciudad. La clase empresarial también ha puesto su grano de arena, no solo por su habilidad en los negocios sino por su filantrópico sentido social. Por un lado, con base en la laboriosidad y la austeridad, se han levantado verdaderos emporios que ha habido que defender de la rapacidad foránea hasta con intrincadas jugadas bursátiles como el enroque accionario que dio vida al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), el más grande del país. Por otro, los empresarios antioqueños han fundado hospitales, colegios, universidades y toda una gama de instituciones que propenden por el bienestar común, ayudando al sector público a resolver y sobrellevar la carga social.

Por eso es tan grave lo que está haciendo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. No solo está poniendo en peligro a EPM sino también al empresariado de la ciudad, que ha sufrido tantos embates desde la apertura alocada de César Gaviria. A Quintero le bastaron seis meses para mostrar el mal que puede hacer la izquierda al frente de una ciudad o del país, y en un par de semanas puso patas arriba a toda la institucionalidad. Primero, pretendió que el Concejo de la ciudad le otorgara facultades extraordinarias para cambiar el objeto social de EPM sin consultar a la Junta Directiva. Una movida que les recuerda a muchos la conversión del gigante venezolano PDVSA en una empresa multifuncional que poco petróleo produce y que ahora se dedica a temas de salud, alimentación e infraestructura, todo con propósitos electoreros y resultados catastróficos: PDVSA no es ni la sombra de lo que fue. Y eso lo quiere copiar Quintero para incidir en las elecciones del 2022.

Pero, no contento con eso, Quintero se vino con otro desaguisado: una demanda de 10 billones de pesos contra los constructores de Hidroituango; empresas antioqueñas (Integral, Solingral, Conconcreto, Coninsa, Ingetec, Sedic y Suramericana de Seguros) que quedarán en la ruina dentro de diez o veinte años cuando un juez ‘progre’ falle la demanda en su contra a pesar de que en Hidroituango nadie se ha robado nada. Allí hubo un error constructivo de onerosas consecuencias que iba a ser cubierto en gran parte por las aseguradoras, cosa que se ha puesto en grave riesgo con la demanda. Uno de esos errores que son comunes, con sus retrasos y sobrecostos, en este tipo de obras. ¡Y esto tampoco se lo consultó el alcalde a la Junta Directiva!

Tras la renuncia de la Junta de EPM, se produjo otra alcaldada: el cambio del director de Ruta N, la entidad municipal encargada de la innovación que fue escogida por el Foro Económico Mundial como el Centro para Latinoamérica de la Cuarta Revolución Industrial, y que ha contado con un gran apoyo del empresariado local y sus diversas fundaciones. Un cambio que, por estatutos, el alcalde no podía realizar, motivo por el que su Junta también renunció. A su vez, ello llevó a la renuncia del director de InnspiraMED (una alianza articulada por Ruta N para fabricar ventiladores de bajo costo para atender la emergencia del Covid-19), por lo que la empresa Postobón (que no es del GEA) retiró su patrocinio.

Adicionalmente, la presidente de Proantioquia (fundación que canaliza las políticas sociales del GEA) renunció al Consejo Directivo de Sapiencia, la Agencia de Educación Superior de Medellín. Como vemos, la pérdida de confianza arrasó con la cooperación que había entre empresa, academia y Estado, que es la base del patrimonio público y social de Antioquia; todo un derrumbe.

Y la supuesta intención de Quintero de recuperar la plata perdida en Hidroituango, se fue por el sumidero ante el enorme riesgo reputacional y financiero causado por el oleaje de sus desafueros. Ya le bajaron la calificación crediticia a EPM, incrementando el costo de su deuda; ya se desvalorizaron los bonos de EPM, en los que tienen ahorros multimillonarios los fondos de pensiones; ya le negaron un crédito que estaba en espera; ya las aseguradoras tienen munición para negarse a pagar las pólizas por la contingencia de la hidroeléctrica; ya se ha hecho tanto ruido que podría llegar a suspenderse la obra, o a retrasarse mucho más… Todo esto solo podía esperarse de un discípulo de Gustavo Petro: el payaso ‘Pinturita’.

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